[HNA] Reporte de ACNUR: 200, 000 refugiados colombianos en Venezuela

[omar sierra]

Apreciados companeros, les remito este artículo de Ultimas Noticias
(Venezuela) que incluye una amplia entrevista con el representante de ACNUR
Mohamed Alwash:
http://www.ultimasnoticias.com.ve/Noticias/Actualidad/Politica/En-el-pais-no-hay-xenofobia-hacia-los-colombianos.aspx

Durante el gobierno del ex presidente Álvaro Uribe (2000- 2008), se impuso
en Colombia la extraña tesis de que no había un conflicto armado, sino lo
que pasó a llamarse, eufemísticamente, "la amenaza terrorista de las Farc".

La vía militar se impuso, como única opción, para reducir  a la insurgencia
armada. La guerra siguió su curso, con una lógica distinta de círculos
concéntricos alrededor de las principales ciudades. Fue así como la fuerza
pública, como expresión más visible del Estado, llegó a lugares donde nunca
antes había llegado. Simultáneamente, grupos paramilitares desalojaron de
sus tierras, mediante la violencia y la extorsión, a cientos de miles de
campesinos que huían a Bogotá y a otras grandes ciudades.


"Usted sabe que ese conflicto tiene más de 40 años", afirma Mohamed Alwash,
representantes de Acnur en Venezuela (la agencia de Naciones Unidas
encargada de los refugiados en todo el mundo), "y ha producido dos tipos de
desplazamientos. Uno, de orden interno, que en Acnur llamamos refugiados, y
aquí estamos hablando de una cifra muy alta (más de 2 millones de
colombianos), y dos, un desplazamiento fuera del país, especialmente a
Venezuela, Ecuador, Costa Rica y Panamá. Desde mi punto de vista, sin
solución política a ese conflicto, que además tome en cuenta los derechos de
los desplazados fuera y dentro de Colombia, no se puede adelantar una
solución a ese problema. Hasta ahora, no podemos declarar que hay
condiciones favorables para el retorno de los desplazados. Entonces, queda
pendiente una tarea antes de llegar a ese punto".


La situación de los refugiados pudiera ser dramática, pero no lo es, entre
otros cosas, por la generosidad del pueblo venezolano, al que Mohamed Alwash
expresa públicamente su agradecimiento. "No hemos visto manifestaciones de
racismo, como sucede en otras partes del mundo". El representante de Acnur
también agradece el trabajo que adelanta junto con la Comisión Nacional para
los Refugiados, en una agenda de cooperación institucional, lo que ha
permitido que se avance en la búsqueda de soluciones, donde intervienen
cuestiones de política internacional y la ayuda humanitaria.


¿Si no hay conflicto armado, sino una amenaza terrorista, los desplazados
que huyeron a otros países, a Venezuela, a Ecuador, principalmente, ¿qué
son?


Solo puedo hablar de Venezuela, como representante de Acnur. Nosotros
estimamos que hay 200.000 personas de nacionalidad colombiana que necesitan
protección internacional, que tienen el perfil de refugiados. ¿Cómo se
determina ese perfil? ¿Quién tiene la responsabilidad de hacerlo? En
Venezuela hay una Comisión Nacional para los Refugiados y también hay una
legislación muy avanzada. Le corresponde a esa Comisión estudiar y
determinar los casos de personas que necesitan protección internacional.
Actualmente, hay alrededor de 13.000 personas bajo ese estatus.


Esa cifra no llega a 10% de las personas que Acnur considera como
refugiados. ¿La Comisión está procesando debidamente las solicitudes que le
llegan?


Acnur está aquí para colaborar en ese trabajo. Hemos cumplido dos
iniciativas. La primera, precisamente, es brindarle apoyo a la Comisión para
que procese las solicitudes pendientes. Hemos avanzado. La otra iniciativa
que se adelanta, desde hace cuatro meses, es un plan de trabajo conjunto con
la Comisión. El problema es cómo llegar a la gente que necesita refugio.
Estamos hablando de una frontera de 2.400 kilómetros. No es nada fácil. La
única manera es a través de lo que nosotros llamamos jornadas, en las cuales
un equipo integrado por representantes de la Comisión y de Acnur, se
desplaza a los lugares donde hay solicitantes, para poder así registrar,
documentar y procesar los casos. También hay solicitudes que fueron
rechazadas, digamos, por cuestiones atribuibles a la ley venezolana.
Entonces estamos trabajando en temas administrativos, logísticos y legales.


En el tema legal interviene la Constitución venezolana, que es garante de
los derechos políticos, pero también están los instrumentos internacionales.
¿No hay una legislación ad hoc, digamos, más precisa sobre esta materia?
¿Han establecido contacto con la Asamblea Nacional?


Estamos trabajando con todas las instituciones de los poderes públicos, no
sólo con la Asamblea Nacional. Trabajamos, igualmente, con la Cancillería y
la Defensoría del Pueblo, como parte del sistema de Naciones Unidas.


Hemos hecho una exhortación muy respetuosa para que el Gobierno venezolano
suscriba algunas convenciones importantes relacionadas con los refugiados.
Venezuela no ha firmado la convención del 51, que es la base de esta
materia. Ha firmado el protocolo, pero no la convención. Normalmente, es al
revés. Adicionalmente, hay dos convenciones importantes, la del 54 y la del
61, que tratan lo concerniente a la apatridia (en el Derecho Internacional,
cualidad atribuida a aquellas personas no unidas a ningún Estado por un
vínculo de nacionalidad). También está la Declaración de Cartagena que
adopta una definición más amplía, según la cual toda persona que sufra de
violencia generalizada califica como refugiado. Es lo que están haciendo en
otros países, como Ecuador. Desde el punto de vista de Acnur esto también
puede ser aplicable en Venezuela. Yo puedo decir que hay una recepción
positiva de estas inquietudes en las esferas del Gobierno y la Comisión está
consciente de que hay que mejorar tanto la base legal como la base
administrativa.


Una vez que un Estado le otorga a un ciudadano de otro país el estatus de
refugiado se compromete, a su vez, a garantizar sus derechos fundamentales y
hasta donde sea posible, su inserción en la sociedad. ¿Cómo se garantizan
los derechos de los refugiados cuyas solicitudes no han sido aprobadas?


La mayoría de los desplazados colombianos que han llegado a Venezuela se
integran fácilmente a la sociedad. Incluso, hay muchos que tienen vínculos
familiares aquí. Puedo decir, además, con mucho orgullo, que no he sentido
ningún tipo de discriminación o xenofobia en contra de los colombianos. Los
consideran como hermanos de un país vecino y comúnmente se habla de un mismo
pueblo y dos países. En el tema de la integración social, del acceso a la
salud, a la educación o al trabajo no tenemos muchos problemas. Sin embargo,
la situación no es perfecta y tenemos algunas dificultades. Por ejemplo, el
tema de la identificación. La Constitución venezolana establece que todos
los niños tienen derecho a la educación, sin tomar en cuenta la nacionalidad
o si no tienen papeles. Todos los niños colombianos entran automáticamente a
la escuela. Pero cuando concluyen la educación primaria, necesitan un
pasaporte o una cédula de identidad para obtener el certificado. Es un
problema y estamos trabajando con el Ministerio de Educación para
resolverlo. Hay casos de madres solteras, casos de personas que no pueden
pagar un servicio hospitalario. Los estamos trabajando individualmente, en
alianza con organizaciones no gubernamentales como Caritas.


¿Qué ocurre con el derecho al trabajo?


Hay algo muy positivo. En Venezuela hay algunos bancos e instituciones que
dan microcréditos a las personas para iniciar un negocio. A través de esta
figura, hemos alcanzado un éxito total, tanto en Táchira como en Caracas. Es
algo muy especial, que tenemos que reconocer y promover. No en todos los
países los refugiados se benefician de los programas sociales que aplican
los gobiernos.


Una vez que en Colombia se comienza a perseguir a los paramilitares,
personas que habían pertenecido a esos grupos ingresan a Venezuela y se
presentan como víctimas de la violencia, ¿Cómo se filtran esas solicitudes?
¿Cómo Acnur las avala?


¿Por qué piensa que Acnur hace eso? Acnur no determina quien califica como
refugiado. ¿Cómo se filtra? Esa es una muy buena pregunta, pero debe
hacérsela al Gobierno, no a Acnur, ¿por qué? Nosotros no estamos en el
proceso, nosotros ayudamos al Gobierno a mejorar sus mecanismos para
procesar las solicitudes. Pero las decisiones las toma la Comisión Nacional
para los Refugiados, no el Acnur, ¿verdad? Quiero decir que si hay algunas
personas que quieren abusar del procedimiento, eso no es exclusivo de
Colombia o Venezuela. Es una tendencia que hemos advertido en todo el mundo.
Gente que trata de utilizar el proceso, de utilizar el asilo, pero tienen
una historia muy diferente a la de un refugiado. Al perfeccionar el sistema
y los procedimientos, minimizamos el riesgo de que esas personas puedan
filtrarse. Estoy seguro que la Comisión verifica las solicitudes, hace los
chequeos correspondientes y establece los perfiles de cada caso.


¿Usted cree que en Colombia están dadas las condiciones para que los
refugiados regresen?


Hasta ahora, no. En Acnur consideramos que las condiciones en los lugares de
origen no son todavía favorables para un retorno masivo. Sin embargo, en
Colombia se han dado algunas iniciativas políticas (entre otras la Ley de
Reparación de Víctimas, promulgada recientemente por el Congreso de ese
país) que abonan el terreno para el regreso de los refugiados. El retorno,
además, debe ser una decisión voluntaria, ¿verdad? No hemos recibido una
indicación de que los refugiados quieran regresar masivamente, por el
contrario, el desplazamiento continúa. Creo que hay un trabajo importante
que hacer dentro de Colombia que prepare las condiciones del retorno
voluntario, que en Acnur creemos debe ser voluntario.


La aprobación de esa ley es un buen síntoma, pero eso no significa que se
estén explorando las vías para una solución política del conflicto en
Colombia.


Tenemos que ver cómo se va a desarrollar la situación y esperamos que a esa
ley sigan otras iniciativas. Pudiera ser que esa ley se convierta en el
punto crucial para cambiar de dirección.

Hugo Prieto
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