[HNA] Paraguay, ¿Otro Honduras?

[Sergio Reyes]

Paraguay, ¿otro Honduras?
GUILLERMO ALMEYRA* 

La conspiración contra el presidente paraguayo, el ex obispo 
Fernando Lugo, comenzó el mismo día en que éste triunfó en las 
elecciones presidenciales, pues sólo pudo asumir su cargo gracias a la 
movilización popular. Sin partido propio, sin una bancada parlamentaria 
relativamente importante que lo respaldase, con una base de apoyo vasta 
en el campesinado, pero dispersa y desorganizada, obligado a enfrentar 
la oposición de la jerarquía de su propia Iglesia, dependió siempre de 
su frágil alianza con el partido del vicepresidente Federico Franco, el 
Liberal Radical, el cual es sumamente conservador y representa a un 
sector de los terratenientes. 

Los partidarios de la dictadura de Stroessner, en tanto, siguieron y
 siguen enquistados en la administración pública, las fuerzas 
represivas, la llamada justicia y la Suprema Corte. Tardíamente, Lugo 
intentó crear un partido-frente: el Frente Guasú ("grande", en guaraní),
 que está dando sus primeros pasos y está lejos de ser homogéneo. Pero 
todas las derechas paraguayas, respaldadas desde la sombra por Estados 
Unidos, aunque falta más de un año para el fin del mandato de Lugo y 10 
meses para las elecciones en las que el presidente no podía ser 
relegido, no quisieron dejar ningún espacio para que el centroizquierda 
se organizase y tratase de mantener el gobierno. 

Bajo la batuta de Horacio Cardes, terrateniente ultraconservador del
 Partido Colorado, ligado además al narcotráfico, organizaron la parodia
 de un juicio político que duró un día y que se basó en acusaciones sin 
pruebas de que Lugo estimulaba las ocupaciones de tierras por los 
campesinos o sólo combatía blandamente contra la pequeña guerrilla 
campesina que existe en el departamento donde estaba su diócesis. 
Cardes, junto con los oviedistas, el partido conservador Patria Querida y
 los liberales, dieron su golpe "blanco" parlamentario –como sus colegas
 hondureños–, aunque sin tener que secuestrar a mano armada al 
presidente y expulsarlo del país en ropa interior, pues Lugo 
probablemente conseguirá refugiarse en la embajada de Ecuador. 

El pretexto para acelerar el golpe fue la matanza de Curuguaty, 
ocurrida hace una semana, donde las fuerzas armadas agredieron a 
campesinos, que se defendieron, con un saldo de 17 muertos entre 
policías y campesinos, 80 heridos y decenas de presos. La destitución 
parlamentaria de Lugo fue resistida por los manifestantes que se 
reunieron espontáneamente ante el Congreso; por los campesinos del 
interior, que cortaron rutas; por los emigrantes paraguayos en 
Argentina, que volvieron por miles a Paraguay para impedir el golpe o 
que realizaron una manifestación en el Obelisco de Buenos Aires. 

En el Senado, sólo cuatro legisladores defendieron a Lugo; pero el 
apoyo de éste no está en la capital, donde pesa la clase media de 
funcionarios y colorados, sino en las provincias campesinas del 
interior, donde la resistencia será larga y dura. 

Fernando Lugo, además, era presidente pro tempore de la Unión de 
Naciones Suramericanas (Unasur) y el golpe contra él es, por tanto, un 
nuevo golpe de la derecha paraguaya contra la integración sudamericana, 
después de la negativa del Congreso paraguayo de aceptar a Venezuela en 
el Mercado Común del Sur (Mercosur) y de la resistencia a integrar el 
Bancosur. Los cancilleres de la Unasur que viajaron a Asunción para 
tratar de disuadir a los golpistas, no pudieron impedir este golpe mal 
disfrazado, como la Organización de Estados Americanos no pudo impedir 
la dictadura de Micheletti en Honduras cuando el parlamento de ese país 
destituyó ilegalmente al presidente constitucional Manuel Zelaya hace 
tres años, también en junio. 

Es que detrás de ambos golpes –como fue demostrado ampliamente y 
documentado en el caso hondureño– está Estados Unidos. Paraguay es clave
 para controlar el acuífero Guaraní, la reserva de agua más grande del 
mundo, que abarca su territorio y partes del brasileño, el argentino y 
el uruguayo. En Paraguay está también la base militar estadounidense en 
Estigarribia, que controla la zona de la Triple Frontera 
argentino-brasileña-paraguaya. En la provincia argentina del Chaco, 
junto a Paraguay, Estados Unidos quería instalar otra base más pequeña, 
con el apoyo del gobernador Jorge Capitanich –el mismo que dice que los 
camioneros en huelga son antipatrióticos–, pero la protesta popular 
impidió esa violación de la soberanía argentina en el momento en que la 
presidenta Cristina Fernández decía defender la soberanía en las islas 
Malvinas. 

Un gobierno paraguayo ligado a la Unasur y en particular 
influenciado por el eje brasileño-argentino, es contrario a los 
intereses de Estados Unidos. De ahí la luz verde para un golpe que, sin 
duda alguna, fue discutido y pergeñado junto a los diplomáticos 
estadounidenses en Asunción y que repite los métodos, algo mejorados, 
empleados hace poco en Honduras, otro país pobre y débil con un 
presidente vacilante. 

Los países de la Unasur podrían ahora aislar económicamente a 
Paraguay, que no tiene salida al mar, y quitarle el apoyo a su economía;
 podrían también no reconocer al gobierno fantoche de Franco, que durará
 apenas el tiempo necesario para adelantar las elecciones presidenciales
 o hacerlas en 2013, dejando su sillón a los colorados. Pero los 
campesinos no esperarán esas presiones diplomáticas y reaccionarán con 
tomas de tierras, cortes de rutas, construcción de poderes locales y, 
posiblemente, dadas sus tradiciones, recurriendo a las armas para hacer 
guerrillas, las cuales podrían contar en las fronteras con la 
benevolencia de los gobiernos de Bolivia, Argentina y Brasil, que no 
pueden aceptar esta puñalada a la Unasur. 

Los golpistas echaron al débil Lugo sin disparar un tiro, pero 
probablemente en lo sucesivo deberán disparar, y a menudo, contra 
crecientes protestas sociales que serán alimentadas por la ira de todos 
los movimientos sociales y campesinos del continente ante esta descarada
 repetición de la aventura hondureña. 

*Doctor en Ciencias Políticas (Univ. París VIII), 
profesor-investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana, unidad 
Xochimilco, de México, profesor de Política Contemporánea de la Facultad
 de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de
 México. Campo de investigación: movimientos sociales, mundialización. 
Periodista por La Jornada de México. 
 
--We must demand that the U.S. sign the UN Convention on Migrant Workers Rights--
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